Las estaciones de recarga de vehículo eléctrico de acceso público que entren en servicio o que se renueven de forma integral deberán posibilitar el pago con tarjeta bancaria a partir del 1 de enero de 2025
La medida afecta a aquellos puntos de recarga de potencia igual o superior a 43 kW, y tiene por objetivo facilitar el uso por parte de todos los usuarios del mayor número de estaciones rápidas y ultrarrápidas, por lo que los sirvan de soporte en momentos puntuales de sus desplazamientos en vehículo eléctrico.
La acción está incluida en el Decreto de aprobación del Plan de calidad del aire, horizonte 2027, para reducir la contaminación atmosférica y mejorar la salud de toda la ciudadanía de Cataluña, y también incluye que todas las administraciones públicas titulares de puntos de recarga facilitar su interoperabilidad mediante protocolos estándar de comunicación. De esta forma, se eliminará una de las principales barreras a la hora de acceder a la red de estaciones de recarga, ya que en la actualidad la mayoría funcionan mediante aplicaciones para teléfonos móviles específicas y diferenciadas para cada operador. Al mismo tiempo, se contribuye a reducir la brecha digital existente en algunos sectores de la población, que tienen dificultad para operar con facilidad en el entorno digital.
Aunque el principal punto de recarga de cada vehículo eléctrico debe ser el vinculado –es decir, aquél de baja potencia ubicado allá donde queda detenido la mayor parte del tiempo, la existencia de una red de puntos de recarga de acceso público es fundamental para garantizar la movilidad eléctrica interurbana, puesto que proporciona seguridad a los usuarios. En este sentido, la nueva medida debe suponer un incentivo más para la ciudadanía a la hora de optar por un vehículo eléctrico. Cataluña dispone en la actualidad de más de 90.000 vehículos eléctricos en circulación y de 8.000 puntos de recarga de acceso público.
Además de esta actuación, el plan de calidad del aire establece hasta 170 medidas relacionadas con la movilidad, teniendo en cuenta que el tráfico rodado es la principal fuente de contaminación atmosférica, de ruido y de gases de efecto invernadero (GEI) en las ciudades catalanas. Otras acciones contempladas son la regulación de las zonas de bajas emisiones (ZBE); corredores de movilidad estratégicos; la regulación de los umbrales de personas trabajadoras y condiciones a partir de las cuales los centros de trabajo públicos y privados tendrán que elaborar planes de desplazamiento de empresa, y la ampliación de los requisitos y la casuística de implantaciones singulares a efectos de elaborar los estudios de evaluación de la movilidad generada.