La Junta de Andalucía ahorra 130 millones de euros en su factura eléctrica en los últimos cuatro años

La Junta de Andalucía ha ahorrado en torno a 130 millones de euros en su factura eléctrica en los cuatro años de vigencia del anterior contrato respecto a los precios del mercado mayorista a pesar del incremento de coste de la electricidad que se ha producido, gracias a la contratación centralizada de su suministro eléctrico a través de la figura del acuerdo marco. Con ella, el Gobierno andaluz persigue lograr una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos.

Así lo han destacado los consejeros de Economía, Hacienda y Financiación Europea, Carolina España, y de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, durante la presentación de los detalles de la adjudicación del nuevo contrato centralizado que mantiene la condición fijada por primera vez durante la anterior legislatura de que el 100% de la electricidad consumida por la Administración regional tenga procedencia verde, junto al delegado institucional de Iberdrola, Antonio Fernández.

La Junta ha adjudicado a Iberdrola el nuevo acuerdo marco para contratar de forma centralizada la energía eléctrica de los más de 5.000 puntos de suministro con los que cuenta su Administración (hospitales, institutos de enseñanza secundaria, oficinas administrativas, residencias de mayores, instalaciones deportivas, etc.), que tienen un consumo en torno a 1.000 gigavatios hora de energía anuales, el equivalente a la demanda eléctrica de las ciudades de Almería y Jaén en todo un año.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha destacado que “para el Gobierno andaluz es muy importante la eficacia y la eficiencia en el gasto. Queremos gastar sólo lo estrictamente necesario, volcándonos siempre en ahorrarles dinero a los andaluces, como estos 130 millones ahorrados en 4 años”, a lo que ha añadido que el nuevo Acuerdo Marco permitirá “mayor agilidad y simplificación en los procesos”, al tiempo que ha destacado  la relevancia del trabajo conjunto entre ambas consejerías.

Por su parte, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha incidido en que el contrato, con el que el Gobierno andaluz quiere dar ejemplo e implementar una política energética sostenible, ha tenido en cuenta “no solo lo cuantitativo sino lo cualitativo”. De este modo, además de que la energía suministrada sea 100% renovable y de la certidumbre en el precio, “se han valorado factores como la apuesta por el autoconsumo en las propias sedes de la Junta, en línea con el ambicioso plan de ahorro energético de la Administración autonómica, que pretende en 2026 un ahorro del consumo de un 12% sobre los datos de 2021”.

El contrato ha sido licitado por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y será gestionado por la Consejería de Industria, Energía y Minas, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, responsable de gestionar la Red de Energía de la Junta de Andalucía, REDEJA. Tendrá un periodo de vigencia inicial de 25 meses, con posibilidad de dos prórrogas que podrían completar un periodo máximo de cuatro años, y que entrará en vigor el próximo 31 de octubre.

Una de las principales novedades de esta nueva licitación ha sido la de primar aquellas ofertas que hayan incluido inversiones en instalaciones de autoconsumo en sedes de la Administración regional, regulándose también el precio que la Junta de Andalucía recibirá por la energía que se produzca en instalaciones de autoconsumo de su propiedad, en forma de descuento en la factura, y que por ser excesiva para sus necesidades se termine vertiendo a red, lo que se conoce como compensación de excedentes.

En este caso, la adjudicataria del contrato ha ofertado 345,6 kW para autoconsumo que instalará en distintas sedes de la Junta de Andalucía, pudiendo compensar en la factura en los tres meses siguientes (en lugar de en uno como establece la normativa), los excedentes que se viertan a la red. Esto significa que si algún punto de suministro, por ejemplo, un instituto, está cerrado en verano, éste podrá descontar en la factura de septiembre los excedentes producidos por la ausencia de consumo durante los meses de julio y agosto.

Se estima que la factura anual de la Junta de Andalucía por la compra de electricidad podría situarse en torno a los 220 millones de euros anuales. Gracias al modelo centralizado de energía 100% renovable y con el fin de evitar las fluctuaciones en el corto y medio plazo del mercado eléctrico y los vaivenes derivados de coyunturas geopolíticas como la guerra en Ucrania o adversidades climáticas, dentro de la política de ahorro del Gobierno autonómico se establecerá un precio fijo asociado a los mercados de futuro con una revisión anual a partir de 2024.

La Junta mantendrá el sistema que reduce la volatilidad en el precio de la luz que pagan las más de 100 entidades adheridas a la Red de Energía de la Administración de la Junta (REDEJA), que gestiona la Agencia Andaluza de la Energía, adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas.

Asimismo, continuando con la labor de racionalización y simplificación de la contratación que se está impulsando desde la Dirección General de Contratación de la Consejería de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, se suscribirán más de 100 contratos basados en el Acuerdo Marco 2023-2027 por parte de cada una de las consejerías, las agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales, las sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz, los consorcios y otras entidades, así como las que están voluntariamente adscritas a REDEJA, como son la mayoría de las universidades públicas de Andalucía.

Esto permitirá simplificar la gestión de la contratación de suministro, así como el tratamiento de incidencias para los distintos centros. Además, la facturación se realizará por punto de suministro para hacer más eficiente el proceso, simplificando las refacturaciones y la trazabilidad del consumo.

Este contrato también será fundamental para poder tener un conocimiento detallado del consumo de los edificios y las instalaciones públicas adheridas, lo que facilitará acometer las mejoras energéticas que redunden en un mayor ahorro del gasto y de eficiencia energética y aprovechamiento de renovables establecidas en el Plan para el ahorro energético de la Administración de la Junta de Andalucía hasta 2026.