Mejorar la gestión energética, implementar autoconsumos en los edificios públicos y optimizar la potencia contratada de los suministros eléctricos son algunas de sus medidas
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Plan para el ahorro energético de la Administración de la Junta de Andalucía para el periodo 2022-2026, instrumento general de organización y desarrollo de medidas que contribuirán a la reducción del consumo energético de la Junta y de su factura, y con el que se espera alcanzar, al final de su vigencia, un 12% de ahorro en el consumo eléctrico respecto al consumo de 2021, lo que permitirá evitar la emisión a la atmósfera de unas 32.300 toneladas de CO2 anuales.
La Junta de Andalucía entiende que debe ser ejemplo de responsabilidad y de compromiso con el objetivo marcado en el seno de la Unión Europea de favorecer la eficiencia y el ahorro energético, liderando actuaciones que favorezcan la optimización de los recursos energéticos en sus sedes administrativas y edificios públicos y el uso de energías renovables.
El Plan ha sido elaborado por la Consejería de Industria, Energía y Minas con la participación de todas las Consejerías y entidades de la Junta de Andalucía, ya que recoge medidas transversales que afectan a toda la Administración regional, y ha sido consultado con los agentes sociales.
Con un presupuesto asociado cercano a 117 millones de euros procedentes tanto de fondos regionales propios como nacionales y europeos, el documento se articula en torno a tres ejes de actuación orientados a la optimización de la factura energética; a la realización de inversiones en ahorro, eficiencia energética e implantación de energías renovables en edificios de la Junta de Andalucía, y al desarrollo de actuaciones para una movilidad sostenible.
Para el desarrollo de estos tres ejes se ha previsto una batería de 11 medidas, alineadas todas ellas con la Estrategia Energética de Andalucía 2030, el documento de planificación energética de la comunidad autónoma para los próximos 10 años.
Entre ellas se encuentran la mejora de la gestión energética y de la demanda en los centros públicos; la optimización de la potencia contratada y la compensación de la energía reactiva de los suministros eléctricos para disminuir el coste de la factura. También contempla la elaboración de un manual de buenas prácticas de ahorro energético del empleado público de la Junta de Andalucía y la priorización y realización de inversiones en ahorro, eficiencia energética y energías renovables, y la reducción del uso de vehículos de combustibles fósiles y la instalación de puntos de recarga, entre otras.
Como resultado de las medidas descritas, al final de la vigencia del plan se espera reducir el consumo eléctrico de la Junta de Andalucía en un 12%, esto es, 132,5 gigavatios hora (GWh año), lo que supondrá a partir de 2026 un ahorro económico anual asociado que rozará los 30 millones de euros.
Con este Plan, el Gobierno andaluz continúa avanzando en el camino recorrido con las actuaciones de ahorro energético y aprovechamiento de energías renovables puestas ya en marcha durante la anterior legislatura como el acuerdo marco para la contratación centralizada de auditorías energéticas en edificios de la Junta o el inicio de la sustitución de una parte del parque móvil por vehículos eléctricos.
Además, como ejemplo de responsabilidad y de anticipación, desde la aprobación de la formulación del Plan el pasado 20 de septiembre por el Consejo de Gobierno y en paralelo a la propia tramitación administrativa del mismo, la Junta de Andalucía ha adelantado la ejecución de las actuaciones previstas con el fin de impactar también en la reducción de la dependencia del gas natural y en su consumo para minimizar la influencia que está teniendo el precio de la energía en la economía global, contribuyendo también por parte del Gobierno andaluz al objetivo europeo de reducir voluntariamente la demanda energética.
El Plan ha sido diseñado con una filosofía flexible, de tal modo que se podrán incorporar medidas adicionales que amplíen o complementen las recogidas en el documento aprobado, en función de las necesidades y efectividad de estas. Su seguimiento y evaluación corresponde a la Consejería de Industria, Energía y Minas, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, que ha sido designada como oficina técnica tanto para su elaboración como para la coordinación de su ejecución y seguimiento.
